El encuentro entre el Andorra y el Albacete disputado este viernes se perfila como uno de los más escandalosos de la temporada. El arbitraje de Alonso de Ena Wolf desató la furia de la directiva del club tricolor, pero las reacciones fuera de la cancha han sobrepasado los límites reglamentarios.
Un anexo al acta, redactado tras los incidentes, detalla un comportamiento hostil que podría derivar en una sanción histórica para Gerard Piqué.
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La tensión comenzó en el intermedio, cuando Piqué realizó comentarios directos al colegiado. Al mismo tiempo, el director deportivo, Jaume Nogués, reprochó a los asistentes con frases como: "Eres el peor linier de la categoría" y denunciando una supuesta persecución de la RFEF contra el club del Principado.
Tras el partido, Piqué utilizó sus redes sociales para cargar contra la Federación por la designación arbitral, encendiendo aún más los ánimos.
Lo más grave ocurrió fuera del terreno de juego. Según el informe arbitral, Piqué y Nogués persiguieron a los colegiados hasta el estacionamiento de las instalaciones en un tono amenazante.
"Salid escoltados no os vayan a agredir", expresó Piqué a los árbitros, según el documento.
El acta también recoge una situación crítica con el presidente del club, Ferrán Vilaseca, quien presuntamente intentó agredir al Delegado Informador: "Se acercó a escasos centímetros... empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública".
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Antes de que los árbitros abandonaran el lugar, las amenazas continuaron. Jaume Nogués les deseó un accidente, mientras que Gerard Piqué sentenció: "En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".
Dada la reincidencia de la entidad andorrana, el Comité de Disciplina contempla castigos severos basados en el Artículo 93 del Código Disciplinario de la RFEF, referente al incumplimiento consciente y reiterado de órdenes de órganos federativos.
Las posibles sanciones incluyen:
El Andorra ya cuenta con antecedentes de multas previas (9,000 euros), lo que agrava la situación actual. La RFEF buscará sentar un precedente ante conductas que atenten contra la integridad física y moral del cuerpo arbitral.
